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Regular las Costas de México: Paraíso de la Burocracia


Entre planes fallidos, negligencia y esfuerzos gubernamentales dispersos, las costas de Baja California se convirtieron en esta década en un “laboratorio” de desarrollo económico a base de ensayo y error, resultando finalmente el gran perdedor el medio ambiente.

Por Erick Falcón

mx.Paso del Norte.us

 En la regulación del medio ambiente costero, las intenciones se pierden en el burocratismo. Nadie sabe nada, pero todos quieren un pedazo de las costas del país. Existen más de 40 leyes federales aplicables sobre la zona marítima y costera que deben observar y aplicar más de 10 secretarías del mismo nivel, sumado además a la legislación estatal y municipal, con funcionarios que a su vez aplican esta maraña regulatoria de acuerdo a su propia visión e intereses particulares.

En ese marco político y legal se disuelven los intentos del gobierno en regular un creciente desarrollo económico que ha presionado y afectado el vulnerable entorno costero. Ni siquiera entre los empresarios hay acuerdos entre lo se puede y lo que no se puede colocar.

Terminales de almacenamiento de gas junto a lujosas torres de condominios en venta a estadounidenses, edificios cuyo número sobrepasa los 103 proyectos en todo el estado sin que se defina un ordenamiento integral que pueda sostener dicho crecimiento.

Mientras tanto, la erosión de recursos costeros se remedia con la danza de los dólares.

Oficialmente se contabilizan más de 11 billones de dólares en inversiones entre desarrollos turísticos, ranchos atuneros, regasificadoras e infraestructura portuaria en la zona costa de esta entidad.

De poco han servido planes como el Programa de Desarrollo del Corredor Costero Tijuana-Rosarito-Ensenada, conocido como el Cocotren, para contener proyectos de desarrollo incompatibles entre sí en cuestión de espacios y sustentabilidad, aseguran académicos y ambientalistas de la región.

Muerto el niño se tapa… Salsipuedes

En la historia de Ensenada, hacer caso omiso al medio ambiente al planear proyectos ha traído graves problemas posteriores, muchos de ellos económicos y en perjuicio del mismo sector empresarial.

Para muestra basta un arroyo. Antes de instalarse el puerto de Ensenada, los sedimentos que acarreaban las lluvias y que bajaban por el Arroyo Ensenada se dispersaban en el mar, a lo largo de la línea de costa.

Hoy en día, esos sedimentos quedan atrapados, provocando fuertes gastos a la Administración Portuaria Integral ya que se requieren hacer dragados periódicos en esa zona, explicó Javier Sandoval, jefe del Área de Planificación Urbana del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

Otro ejemplo, aunque más reciente, es Salsipuedes, donde en una franja de bahía de 10 kilómetros con un gran valor paisajístico y ecológico se planea colocar los desarrollos turísticos de Punta Piedra y Destino, los ranchos atuneros y ahora una terminal marítima de recepción y almacenamiento de gas butano de la empresa Zeta Gas.

Con respecto al proyecto de la regasificadora, el periódico El Vigía publicó en su edición del 23 de mayo la reacción de organismos civiles como el Colegio de Arquitectos de Ensenada, que puso en entredicho la legalidad del proyecto y el sigilo que las autoridades de los tres niveles mantienen en cuanto a su autorización.

Según el organismo colegiado, el Cocotren “mantiene vigente la prohibición a instalar industrias en esa zona ya que la Unidad de Gestión Ambiental Salsipuedes establece una política de aprovechamiento con uso para consolidación turística de baja densidad,” según la nota firmada por la periodista Nicté Madrigal.

Si por el lado turístico este asunto suena mal, el impacto a la biodiversidad marina y al ambiente costero es mucho más considerable. Al momento de elaborar un manifiesto de impacto ambiental, es “casi regla” que cada proyecto detalle sólo su huella ecológica de forma individual, pero no contempla la suma de los efectos combinados de iniciativas de industria, vivienda y acuacultura.

Así lo expone el oceanólogo y director de Marea Consultores, Steephen Martínez, “si sumas las descargas potenciales al mar de cientos de viviendas y condominios de esos desarrollos, los residuos orgánicos de alimentación en los ranchos atuneros y ahora una segunda terminal de gas en la costa en un radio de 10 kilómetros, ahí ya hay una combinación de efectos muy grande.”

“No entiendo como en un espacio de 10 kilómetros en Salsipuedes, puedes colocar tres actividades que no deben de estar juntas en un área tan pequeña, sin que sea obvio que hay una mala planeación costera,” afirmó el consultor ambiental.

El “basketball” de la pelotita que nadie quiere encestar

La dispersión de definiciones, competencias y reglamentos hace todavía más compleja una correcta planificación de las vocaciones de la costa. Ni siquiera existía una definición oficial del término “zona costera” hasta el 2006, muestra de la falta de una esfuerzo integral que incluya a todos los sectores de la sociedad, afirmó Isaac Azuz Adeath, catedrático de la universidad Cetys.

 “Existe un marco legal muy complejo compuesto por más de 40 leyes federales en las que distintas secretarías, Semarnat, Sagarpa, Gobernación, etcétera, actúan por su cuenta, cuando es necesaria una instancia que coordine todos esos esfuerzos,” dijo Azuz Adeath.

El mismo secretario de Protección al Ambiente de Baja California, Sócrates Bastida Hernández, reconoció en una entrevista con Factor E que el tema energético y la costa “son de competencia federal, por lo que en lo tocante a lo de la regasificadora de Zeta Gas sólo nos corresponde emitir una opinión.”

 ¿Qué fue primero: El manifiesto de impacto ambiental o el proyecto?

 Cuando en los planes se trata de ajustar el medio ambiente a los proyectos, el resultado se traduce en manifiestos de impacto ambiental (MIA) “parchados” que a la larga resultan mucho más caros, reconoce Steephen Martínez de Marea Consultores.

Un empresario cauto debe apoyarse en especialistas que le adviertan sobre “lagunas” y posibles problemas en materia ambiental. Ejemplifica: al momento de cumplir con las disposiciones municipales de un MIA sin prever, por ejemplo, que se van a descargar aguas residuales a un arroyo y que eso coloca al manifiesto en el ámbito de la regulación federal, un inversionista pudiese complicarse o incluso frenar su proyecto.

Situación que más allá del daño ambiental también puede ser catastrófico en términos económicos. Por ejemplo: cuando el costo del metro cuadrado de playa llega a 400 dólares, como en la zona de Playitas en Ensenada donde se pretendía instalar el complejo turístico Porto Hussong’s, un error puede salir muy caro, como en ese caso, donde un MIA sin suficientes medidas de mitigación se sumó a un clima de recesión económica que terminó por sepultar el proyecto, explicó el consultor.

“Un desarrollador debe acercarse con especialistas en los MIA no sólo para desarrollar un trámite, sino para recibir apoyo de principio a fin para que se cumpla con todas las normatividades en lugar de ‘parchar’ las necesidades del proyecto, cuando éste ya inició y se le invirtió” dijo Martínez.

El desarrollo y el medio ambiente puedan tomarse de la mano: Coparmex

 Sin embargo, la preservación y el desarrollo económico no están peleados entre sí, y uno puede detonar el otro, coinciden empresarios y ambientalistas. Para Ricardo Thompson Ramírez, quien representa los intereses de los empresarios a través de la Coparmex de Ensenada, es imposible pensar en el respeto al medio ambiente sin un desarrollo económico que sustente su protección.

Hay casos también en que los intereses económicos se disfrazan de ambientales. Para el empresariado ensenadense no hay mejor ejemplo de ello que el infarto de la industria pesquera en la década de 1990 tras la veda del atún en Estados Unidos promovida en parte por intereses extranjeros detrás de organizaciones ambientales norteamericanas.

Sin embargo, hay casos de éxito en los cuales la explotación racional de la fauna y flora endémica ha catapultado el aprovechamiento económico con una fórmula aceptada como sustentable.

 “En Baja California Sur se han colocado hoteles que promueven la protección de la tortuga marina. Inclusive uno de ellos invirtió en preservar a las tortugas, puso una incubadora y ahora son un gran atractivo para los turistas,” expuso el consultor Steephen Martínez.

 El consultor se refiere al Hotel Casa del Mar, de Grupo Questro en Los Cabos. Según la revista Aquí Magazine de esa ciudad, el hotel cuenta con nidos que se encuentran dentro de sus instalaciones y que son protegidos por el personal, e inclusive en septiembre pasado se organizó un evento de liberación de 400 tortugas golfinas que nacieron en ese sitio.

Punta Colonet: preservar el medio ambiente, frente al desarrollo desenfrenado

Aunque mucho se ha hablado de los beneficios económicos, punto poco tratado en el discurso del megaproyecto Punta Colonet, es el impacto en la zona donde se pretende instalar y que es considerado de gran importancia biológica para Baja California, por la presencia de flora y fauna endémica de gran valor ecológico.

Al frente de la información se encuentra Juan García Caudillo, director de Terra Peninsular, un organismo civil cuya misión es preservar tierras ejidales y estatales con gran riqueza en biodiversidad y representativas del ecosistema bajacaliforniano para salvaguardarlas del desarrollo urbano desmedido.

 Tan sólo en el 2007 el gobierno federal otorgó al menos 239,663 metros cuadrados de terreno en 41 concesiones en la Zona Federal Marítima, de acuerdo con datos oficiales del gobierno federal en posesión de Factor E.

Terra Peninsular hizo nueve de las 150 solicitudes de concesión a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) registradas en 2008 ante Semarnat, y su interés actual se centra en conservar áreas de de humedal en la Bahía de San Quintín, Bahía Falsa y la zona del Panteón Inglés.

 Asimismo el organismo ha desarrollado un interés en preservar las zonas costeras desde Mesa Colonet hasta Eréndira por su enorme valor ecológico que pudiera verse amenazado por puertos, barcos, descargas sanitarias y un sinfín de actividades humanas si se construye el megaproyecto, apunta García Caudillo.

La prioridad ecológica de esa zona no se conocerá hasta mediados de junio, cuando la UABC presente los avances de sus investigaciones relacionadas con el ordenamiento ecológico de Punta Colonet que prepara en conjunto con el Gobierno del Estado, dio a conocer la Secretaría Estatal de Protección al Ambiente.

Crea gobierno federal Súper-Comisión para manejo de costas y mar

En teoría, un respiro reciente en materia de planeación de costas y mares que intenta dar el gobierno calderonista es la creación de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARIS).

En febrero de 2007 se presentó la Estrategia Nacional para el Ordenamiento Ecológico Territorial en Mares y Costas, instrumento para impulsar el desarrollo sustentable mediante la regulación del uso del suelo y las actividades productivas bajo un esquema de protección, preservación y aprovechamiento, señala la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un comunicado fechado el 6 de diciembre de 2008.

En dicho documento el titular de la Semarnat, Juan Elvira Quesada, reitera que dicha estrategia contempla delimitar la zona costera de México asegurando la salud de sus ecosistemas e impulsando el desarrollo económico y social de las poblaciones que las habitan, creando para su administración a la CIMARIS.

Aún así, empresarios y munícipes ensenadenses mantienen vigente el interés en montar la figura de Administradoras Costeras Integrales, o corredores costeros de desarrollo económico, expone Ricardo Thompson Ramírez, presidente de la Coparmex Ensenada.

“Sería una concesión maestra a modo similar en que operan las administradoras portuarias integrales, a través de la planificación sustentable pueden otorgarse cesiones parciales de derecho in situ, y así agilizar el desarrollo de las costas,” indica Thompson Ramírez.

Sin embargo, en tanto el gobierno federal integre su pensamiento en uno solo, tal parece que las costas de la península continuarán desarrollándose a base de experimentos aislados, a la espera de los posibles resultados del CIMARIS y de una suma de voluntades del empresariado.

Es decir, continuarían la aplicación del ensayo y el error, la maraña legal y administrativa, la dispersión de objetivos entre funcionarios y la falta de planeación a mediano y largo plazo, con lo cual el único perjudicado continuaría siendo el medio ambiente.

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